Terminaron las vacaciones y ya estamos de vuelta. Pilas cargadas y dispuestos volver a la faena.
En agosto, pese estar medio país de vacaciones no todo ha sido relax y fiesta y tampoco, pese al empeño del PP, ha sido todo “crisis” de Gibraltar.
- Tremendos recortes en la Administración Local, cuando, curiosamente, su deuda es insignificante si la comparamos con la deuda del Estado o de las Comunidades Autónomas.
- Es falso que suponga una reducción en las retribuciones de concejales y personal de confianza (en ayuntamientos como el nuestro permitirá más liberaciones de políticos y posibilitará la contratación de más asesores).
- Para asegurarse el clientelismo de los diputados provinciales, se refuerza una institución como la Diputación Provincial, que está tremendamente cuestionada, en detrimento de ayuntamientos y mancomunidades.
- Se eliminan competencias municipales en sanidad, educación y servicios sociales, lo que se traducirá en despidos, precariedad de servicios públicos y, en última instancia, la privatización de los mismos.
En fin lo dicho, un “regalo” que espero que entre todos/as seamos capaces de devolver, como se merece, al Partido Popular.
Poco después de aprobar el ALRSAL, sin hacer apenas ruido y sin que en los medios de comunicación le dieran prácticamente cobertura, vía Real Decreto (como viene siendo costumbre en el gobierno de Rajoy), se dio otra vuelta de tuerca a la reforma laboral del PP limitando la representación sindical en la negociación de un ERE, mermado los derechos individuales de trabajador@s y, por último, dando a las multinacionales vía libre para que no presenten sus cuentas completas a la hora de alegar causas económicas de despido de sus plantillas de emplead@s.
Cambiando de tercio, comentaros que, como la mayoría sabréis, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es el organismo que garantiza a los trabajadores, mediante una partida presupuestaria pública, la percepción de salarios, así como de las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de la empresa. Pues bien, gracias a un diario local, aunque tampoco ha tenido mucha trascendencia mediática, nos hemos enterado que la Comunidad Valenciana es tercera comunidad española con mayores pagos del FOGASA. La cuantía asciende a 88,2 millones de euros.
Complementado a la anterior noticia, a través de la web de CCOO nos hemos enterado de que el FOGASA acumula más de 162.000 expedientes sin resolver, con retrasos de un año, como consecuencia de los recortes presupuestarios y de personal establecido por el Partido Popular, con el consiguiente perjuicio para las personas que, en la peor de las situaciones (sin empleo y con salarios adeudados), sufren retrasos intolerables en el reconocimiento de las prestaciones.
También, a través de esa gran ventana abierta a la información plural que ha supuesto el boom de la prensa digital, nos ha llegado información sobre dramas individuales que forman parte de un colectivo de la ciudadanía, desgraciadamente, cada vez mas amplio. Así nos enteramos de la historia de Natalia, trabajadora social de 39 años, que cobra 400 euros mensuales que destina íntegramente al pago de las facturas. Del resto de sus gastos se hace cargo su padre, que es pensionista.
El problema real que trabajadores/as tenemos en este momento no es la falta de honestidad de algunos políticos en el cobro de gastos ficticios, financiación ilegal del partido, sobresueldos en A o en B y demás corruptelas. Lo más grave, lo que más nos atañe no es, pese a lo mucho que nos puede repugnar, el caso Barcenas y el resto de casos de corrupción política que va saliendo a la luz. Nuestro autentico problema es que están destrozando el modelo de sociedad y convivencia que, con mucho esfuerzo y muchas renuncias, habíamos logrado construir.
Nos están robando con impunidad delante de nuestras narices. Para mantener los privilegios y la forma de vida de unos pocos, están dejando al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país sin derechos y sin calidad de vida. Quieren acabar con los servicios públicos convirtiéndolos en un negocio y, de paso, terminar con la molesta independencia de funcionarios y emplead@s públicos en general. Para salir del caos que ellos mismos han provocado, nos ofrecen una ilusoria vuelta al pleno empleo a cambio de salarios de subsistencia y perdida de nuestros derechos laborales y de nuestra dignidad. Como decía un eslogan de las recientes movilizaciones ¡Quieren acabar con todo!
Con este trasfondo, hace unos días, tras escuchar unas declaraciones de un dirigente local del PP, una buena amiga, a través de Twitter me comento, en plan metafórico, algo así como “No vendrá un tornado y se los llevará a todos”. Yo por animarla, y por que realmente lo creo, le respondí que "no hará falta un fenómeno natural, los mandaremos a casa nosotros”. Y en ese nosotros incluyo a ese amplio sector de la ciudadanía que del desánimo estamos pasando a la indignación y, poco a poco, nos vamos organizando para impulsar un nuevo modelo de sociedad que garantice una nuevas reglas del juego, un nuevo reparto. Un modelo social que asegure de verdad los derechos fundamentales a la educación, la sanidad, la vivienda y el trabajo.
Esto no es una utopía, en los momentos de crisis todo es posible y no tenemos excusa, es hora de impulsar una segunda transición democrática en nuestro país para que, de una vez por todas, asumamos nuestra condición de ciudadanos con toda la grandeza y servidumbre que esto conlleva. Para esto tenemos que ponernos ya manos a la obra, movilizándonos de tal manera que cada derecho que nos quiten les suponga un coste mucho más alto que el beneficio y, sobre todo, siendo capaces de plantear a sus barbaridades alternativas viables y solidarias.
La primera ocasión para dar la talla la vamos a tener en breve l@s trabajador@s de la administración local, pues tenemos que tratar de parar el ALRSAL antes de que se convalide en el Parlamento. Para ello os adelanto que, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, estamos organizado una campaña con acciones sin precedentes.
Ahora bien, siendo conscientes de la difícil situación que estamos padeciendo empleadas y empleados públicos, también tenemos que tener claro eso de que no hay que mirarse en exceso al obligo. No podemos centrarnos sólo en lo aparentemente nos afecta más de lleno. Los recortes en el sector público suponen un perjuicio directo para tod@s nosotr@s, pero hay que empezar a ser conscientes de que igualmente hay otras cosas que nos afectan tanto o más como ciudadan@s. Son cosas que no podemos consentir y por las que nos tenemos que movilizar con el mismo ímpetu que lo hacemos por nuestra problemática laboral. Os estoy hablado de:
- La pérdida de derechos de l@s trabajador@s del sector privado
- La precariedad en las condiciones vida de un sector cada vez más amplio de la sociedad que está, incluso, fuera ese mínimo de derechos laborales que han dejado. Me refiero a empleadas de hogar, jóvenes que tratan de ganarse la vida y tienen que tragar con empleos de economía sumergida, emigrantes que malviven alternando los trabajos agrícolas y el trapicheo con DVDs. En fin, un largo etcétera que no por ser conocido deja de ser estremecedor.
- El drama del paro y, especialmente, la exclusión del mercado laboral que sufren jóvenes y parad@s mayores de 50 años.
- La indefensión de quien ve como, vía preferentes, le han robado los ahorros de toda una vida.
- O la angustia de las familias que, además de haber perdido el trabajo, ven como bancos, a los que se ha rescatado con dinero que vamos a pagar todos, pueden arrebatarles su vivienda
Todos estos problemas vienen en el lote del modelo de sociedad que ya nos han impuesto. Es un modelo injusto que ahora, gracias al creciente rechazo que provoca en un sector cada vez más amplio de la ciudadanía, tenemos muy cerca la posibilidad de cambiar en profundidad. Esta vez podemos conseguir un cambio que no sea de mínimos. Hoy la utopía está al alcance de la mano, así que no tengamos miedo y, tod@s a la vez, alarguemos el brazo y sujetémosla con fuerza para que no se escape.
José Rafael Lluch Pozo
SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
Por
último, por edición del día 20 de “El Diario”, nos enteramos de que
organizaciones ecologista y plataformas rurales han denunciado que la reformade la Administración Local supone una amortización encubierta de bienescomunales, que en España abarcan cuatro millones y medio de hectáreas. Con la
reforma que pretende el PP, estos terrenos quedarían en manos de
administraciones superiores, como las diputaciones, más permeables a facilitar la
explotación y aprovechamiento de estos terrenos a manos de la iniciativa privada.
