domingo, 15 de diciembre de 2013

Sobre el pago de la parte devengada de la extra de diciembre de 2012.

El pasado 23 de noviembre, desde la dirección de CCOO, se nos comunicó que las tres centrales sindicales mayoritarias, CCOO, UGT y CSIF,  habían acordado, para el personal laboral,  plantear Conflicto Colectivo allí donde no se hubiera  llegado a acuerdo en el pago de la parte devengada de la paga extra de diciembre de 2012.

Hasta ahora la estrategia de los sindicatos pasaba por presentar demandas testigo para el conjunto de empleados públicos, para ver como se podían pronunciar los tribunales, y , además, en el caso del personal laboral, para evitar el riesgo de prescripción al derecho al cobro de la extra de 2012, anualmente reclamábamos el abono de, al menos, la parte devengada de la paga. Pero en el momento actual, ya han empezado a fallarse sentencias a favor del personal laboral, lo que ha motivado que muchos ayuntamientos, antes de llegar a los tribunales, hayan acordado abonar el pago de la parte devengada de la extra al conjunto de empleados públicos y que las delegaciones de gobierno, a la vista del resultado de las sentencias, dejen de recurrir estos acuerdos. Por este motivo es por el que se ha decidido, cuando se descarte un posible acuerdo, plantear conflicto colectivo para el personal laboral de forma generalizada (el personal funcionario seguirá como hasta ahora, con las demandas testigo, con la ventaja que cuando se fallen sentencias a favor de los laborales, pedirán la adhesión a las mismas).

Con la situación descrita, el compañero Juan Manuel Sáez, único representante del personal laboral del Ayuntamiento de Alfafar, con la celeridad que le caracteriza, inmediatamente pidió convocatoria de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio, trámite previo necesario para poder plantear conflicto colectivo. Esta cuestión nos creo un pequeño problema burocrático, pues, después de las pasadas elecciones sindicales, no habíamos renovado los puestos de la Comisión de Interpretación del Convenio. Así pues, a instancias de CCOO, se convocó previamente reunión de Mesa General de Negociación, se procedió a la elección de los miembros de la Comisión de Interpretación del Convenio y, acto seguido, se procedió a realizar la primera reunión de dicha comisión.

Como ya sabéis, desde CCOO planteamos llegar a un acuerdo que garantizase el cobro inmediato de la parte devengada de la extra de 2012, ya que de lo contrario nos veríamos obligados a platear conflicto colectivo y demandar al Ayuntamiento ante el juzgado de lo social. La respuesta que se dio a nuestro planteamiento nos dejó absolutamente perplejos.
El Alcalde, la Secretaria General y el asesor jurídico, cada uno desde su perspectiva, pero coincidiendo en el planteamiento, nos aseguraron que había voluntad política para abonar la parte devengada de la extra de 2012. El problema era que el Interventor del Ayuntamiento, por considerar que no disponía de base legal suficiente, no estaba dispuesto a firmar un informe autorizado el pago que reclamamos. Así pues, aunque nos comentaron que se pediría informe para Alfafar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, los tres veían como lo más aconsejable que planteáramos el conflicto colectivo y resolver así la cuestión con una sentencia judicial.

 Si la solución que se nos planteaba nos dejo desconcertados, la rumorología que circuló por la casa al día siguiente nos desconcertó aún más, pues, nos llegó otra versión según la cual, el Interventor del Ayuntamiento, no es que se negara a autorizar el abono de la parte devengada de la extra, sino que requería un informe previo de la Secretaria General que le diera base jurídica para poder autorizar el abono de la parte de la paga que reclamamos.

Todo este embrollo lo que nos hace pensar es que, en realidad, no hay demasiada voluntad política para abonarnos la parte devengada de la extra de 2012, porque, si en realidad existiera esa voluntad, el gobierno municipal reuniría a Secretaria, Interventor y Servicios Jurídicos, para que, entre todos dieran, con la argumentación legal que permitiera realizar el abono de la parte de la extra reclamada. Argumentación, que, por otro lado, no es muy difícil de encontrar, sobre todo si se tiene en cuenta que:

     La Defensora del Pueblo, en escrito de 15 de octubre de 2012, formuló Recomendación a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en los siguientes términos:

«Que se interpreten las previsiones del Real Decreto-ley en lo referido a la supresión de la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con la doctrina constitucional a que antes se ha hecho referencia, restringiendo su aplicación a la cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se publicó la medida.»

     El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, mediante Sentencia 1133/2012, reconoció el derecho del personal asalariado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM) al cobro de la parte devengada con anterioridad al 14 de julio de 2012 de la paga extraordinaria o equivalente de diciembre de 2012.

     En igual sentido se pronunció el mismo Tribunal en Sentencia 244/2013 y en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en igual sentido se han pronunciado el Juzgado de lo Contencioso núm. 1 de Palencia (Sentencia núm. 186/2013) y el Juzgado de lo Contencioso núm. 4 de Alicante (Sentencia núm. 307/2013), imponiéndose costas en ambos casos a las Administraciones demandadas.

     El Ayuntamiento de Calatorao, mediante acuerdo de su Junta de Gobierno Local de 20 de octubre, autorizó el pago de la parte devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a sus empleados públicos. Posteriormente, tras desestimar el requerimiento de anulación de dicho acuerdo formulado por la Administración General del Estado, el Ayuntamiento fue demandado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza, el cual acabó dictando Sentencia núm. 200/2013 que ratificaba la decisión municipal por ser conforme a Derecho.

      Por último, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, mediante Dictamen 477/2013 por el cual resuelve la consulta planteada por el Ayuntamiento de Benimodo en cuanto a la procedencia de liquidar a sus empleadas y empleados públicos la parte devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, plantea en su considerando tercero que «en armonía con los criterios judiciales actualmente existentes, este Consell es del parecer de que a los funcionarios de la Entidad Local consultante debe reconocerse el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 generada antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, al igual que ocurre con el personal laboral, dada la identidad en cuanto a su régimen jurídico, a efectos de devengo de las pagas extras.» En consecuencia de ello, termina concluyendo que «procede que el Ayuntamiento de Benimodo actúe de conformidad con lo establecido en la Consideración Tercera del Dictamen.»

Pero al margen de toda esta argumentación legal, también se debería tener en cuenta que cada vez son más los ayuntamientos que ya ha llegado a acuerdos para abonar la parte devengada de la extra. En la comunidad valenciana ya han procedido a su abono, o han firmado acuerdos para hacerlo, los ayuntamientos de Chiva, Benitaxell, Mutxamell, Novelda, Gandía, Dolores, Pinoso, San Antonio de Benageber, Casinos, Ribaroja, Olocau, Lliria, L’Eliana, Pedralba, Massamagrell, Puçoll, Alzira, Picanya y Burjassot. Además en ninguno de estos casos Delegación de Gobierno ha recurrido los acuerdos y es poco probable que lo haga. Esto último, además, no es algo que pensemos en el sindicato, sino que es la opinión manifestada en la reunión de la Comisión de Interpretación del Convenio por parte del asesor jurídico del Ayuntamiento.

No abonar la parte de la extra que reclamamos, con todos los argumentos que hay para justificar su pago, nos hace pensar que, como ya apunté antes, en realidad no hay tanta voluntad política para hacerlo como se manifiesta. Por lo tanto el compañero Juan Manuel Sáez ha empezado a hacer camino y ya ha puesto en marcha el Conflicto Colectivo el pasado viernes, firmado una demanda que fue presentada el mismo día en el juzgado de lo social. El juicio lo tenemos ganado, nosotros lo sabemos y el Gobierno Municipal también, pero lo lamentable del caso es que, pudiéndolo evitar, el Ayuntamiento de Alfafar va tener que hacer frente al pago de unos costas judiciales que, lógicamente, correrán a cargo del contribuyente.

En breve, desde los servicios jurídicos de CCOO, nos comunicarán la fecha en que se celebrará el juicio, en cuanto nos lo transmitan informaremos a toda la plantilla.
  

Saludos,

José Rafael Lluch Pozo
SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR